El ministro de Agricultura de Buenos Aires, Javier Rodríguez, se encontraba en San Pablo llevando adelante rondas de intercambio comercial y reuniones con cámaras e importadores de alimentos de ese país. Y una de las preguntas que le hicieron era si Argentina iba a aprobar la siembra del trigo genéticamente modificado (resistente a sequía) HB4 porque ellos no tenían pensado importar productos que lo tengan incluido. Su respuesta fue que ese tema estaba congelado, según le habían asegurado desde el Ministerio de Agricultura de la Nación. No hace falta imaginar la sorpresa y la indignación que tuvo cuando, contra todo lo que se había prometido desde Nación, al otro día de su comentario apareció sin previo aviso que el gobierno cambiaba su política y autorizaba la siembra del HB4. Y ni que hablar de la molestia que cargó por el off side en el que quedó ante los empresarios brasileros. Para peor debía explicar que el cortocircuito comunicativo era entre gobiernos del mismo frente político.
La anécdota, ocurrida hace 15 días, viene a cuento para mostrar que el desaguisado político que quedó el viernes en evidencia cuando el presidente Alberto Fernández volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de subir retenciones para frenar precios de alimentos, chance que luego descartó el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez (sí, el ministro corrigió al presidente), es algo diario en la gestión oficial.
Y eso sin contar que dos días antes el ministro de Economía, Martín Guzman, había dicho que no iban a subir las retenciones, mientras al mismo tiempo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostenía en reuniones con empresarios que subir los impuestos era la mejor forma de bajar precios.
Es que, más allá del debate por la efectividad del uso de las retenciones para combatir la inflación, asoman otros interrogantes sobre los reales objetivos políticos y económicos detrás de la avanzada sobre las retenciones que, a decir verdad, lo único que logró fue unificar el reclamo opositor.
La avanzada con las retenciones ocurre luego de que la mayoría de los molinos desecharan sumarse al plan de subsidios oficiales para no trasladar al precio de la harina el aumento del precio del trigo. Los molinos no se prendieron porque temen que los subsidios se demoren en pagar generándoles así un fuerte descalce financiero. También ocurre que hay un 30% de venta en negro de harina y pan que no tiene los papeles para entrar al fideicomiso que articulará los subsidios. Ante ese traspié, y el anuncio de los panaderos de un nuevo aumento en el pan a partir de la semana que viene, el gobierno reflotó la amenaza de subirle derechos de exportación al trigo.
El gobierno, en principio, no podría tocar más las alícuotas de retenciones porque no tiene las "facultades delegadas" por el Congreso. Se vencieron en diciembre pasado. Y no se renovaron porque eso estaba previsto en el proyecto de Ley de Presupuesto, que no se aprobó.
Así que el gobierno le está pidiendo al Congreso, sin tener las mayorías necesarias, que apruebe la suba. Parece un pedido destinado a no prosperar. ¿Por qué lo hace? ¿Es una muestra más de que, además de falta total de coordinación, hay una fuerte desorientación oficial de cómo contener el estallido de los precios">