La semana que termina fue corta, pero muy cargada por todo lo que significó la salida parcial del cepo y el arranque del nuevo sistema cambiario. 

Y ahora arranca otra igual de intensa. Y entre las novedades que adelantamos es que el viernes el equipo del Ministerio de Economía de la Nación desembarcará en la Bolsa de Comercio de Rosario para mantener una reunión reservada con importantes empresarios de la región a los que vienen a precisar las últimas medidas tomadas.

Que el equipo económico tome a la Bolsa como playa de desembarco marca la centralidad que logró la entidad bursátil como referente empresario regional.

Los funcionarios estarán toda la mañana en la entidad bursátil reunidos con empresarios y empresarias de distintos sectores, y hay una chance de que también se queden al mediodía para participar del remate del primer lote de soja, acto formal que marca el inicio de la comercialización de la oleaginosa y reúne en Rosario a los principales actores de la cadena empresaria cerealista. 

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Empecemos:

¿Puede ser que el titular de una firma de muebles para hogares de diseño y alta calidad haya cantado el “paga Dios”? ¿Puede ser que además se haya fugado de Rosario llevando consigo todas el dinero que le cobró por adelantado en dólares billetes a sus clientes y sin nunca haber entregado los productos? Y estamos hablando de muchos clientes, entre ellos importantes constructoras y entidades médicas de la ciudad.

Según una denuncia presentada esta semana en Ministerio Público de la Acusación (MPA), una mujer le compró a la firma AR Desing, cuya marca se llama Osimo y con un local en el centro (Urquiza al 1.200), todo el mobiliario de diseño para refaccionar un departamento de su propiedad, desde 8 placares, hasta muebles de cocina pasando por vanitorys completos para los 3 baños.

A pedido del titular de la empresa, Jenaro Otta, que esgrimía que era su forma de contratación, la mujer le pagó todo por adelantado con dólares billete (y cara grande). La operación se cerró en diciembre de 2023 para ser entregado todo el mobiliario a mediados de febrero de 2024. 

Pero el empresario nunca cumplió y ante los continuos reclamos esgrimía todo tipo de excusas (como que el proveedor del mármol estaba retrasado) prometiendo nuevos plazos que incumplía, y negándose siempre a devolver el dinero (en totalidad o en parte).

Semanas atrás, el empresario diréctamente cerró el local (por incumplimientos con su propietario) y ya no estaría viviendo en Rosario.

Persianas bajas en el local. Y se busca nuevo inquilino

La mujer tomó la decisión de denunciarlo por estafa y a poco de hacer las primeras averiguaciones se descubrió, por ejemplo, que el fabricante de mármol, supuestamente retrasado con la entrega, nunca recibió un encargo de la firma, que sólo le pedía presupuestos.

Pero además hay una media docena de personas y empresas que estaban en la misma situación que ella, y que ahora -con distintos abogados- todos van a la Justicia contra el presunto estafador.  A una constructora, por ejemplo, le quedó debiendo la entrega de los pisos. 

Como particularidad, también se descubrió que Otta tomó la conducción de la firma años atrás cuando su titular la abandonó, también en un marco de clientes encolerizados reclamando por entregas impagas, para radicarse al exterior. ¿Se repite la historia?

Esta semana se presentó la primera denuncia penal por presunta estafa, con el patrocinio del abogado Lisandro Fontan, y para el fin de la semana próxima habrá al menos 8 presentaciones realizadas en el MPA. 

Y la lista puede agrandarse.

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¿Ficha limpia para las autoridades del Jockey? 

Con mucha ironía, un socio del club de Wilde y Córdoba puso el tema a conversación entre pares tras ver publicada la lista con las nuevas autoridades pronto a ser electas. Y es que uno de los candidatos propuestos fue denunciado -junto a un grupo de personas, entre los que figura el bróker de negocio hoy detenido Andrés Lux- por desbaratamiento de derechos y estafas en los fideicomisos inmobiliarios Habiter.

La lista publicada en la sede de calle Maipú

Es que, justamente, esas denuncias -de las que los involucrados terminaron zafando, por ejemplo con la firma de acuerdos por “criterio de oportunidad”- habían sido realizadas por otros socios del Jockey, quienes ahora ven con sorpresa esta postulación para dirigir los destinos del club, en misma medida que miran con asombro como Lux -por no haber sido frenado por la Justicia cuando fue denunciado allá por 2017- pudo seguir adelante con la intermediación inmobiliaria y cometiendo presuntas nuevas estafas que ahora sí lo pusieron tras la rejas, al menos de manera preventiva.

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Ahora vamos al tema central de este “run run”.

Los allanamientos de hace quince días en propiedades de los financistas rosarinos Fernando y Guillermo Whpei alteraron muchos nervios en ámbitos políticos y empresarios. 

Y no sólo entre quienes podrían están vinculados de manera directa a la investigación de fiscales federales sobre un presunto circuito extorsivo organizados por el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y el ex titular de la Afip Rosario, Carlos Vaudagna, sino porque hay ejecutivos de bancos cooperativos y hasta funcionarios municipales y provinciales de trato regular con los Whpei a los que no les hace nada de gracia que los detalles de esa conexión circulen por despachos judiciales por más que no tengan nada que ver con la investigación.

Muchas medidas de seguridad en la casa allanada de los Whpei en Santiago al 800.

Como el tema es muy complejo porque tiene distintas vertientes que fueron nutriendo el carril central, para entender la magnitud del caso hay que arrancar bien desde el principio:.

Resulta que impulsores del nuevo sistema de justicia penal federal acusatorio, que debuta en Rosario, estuvieron tiempo atrás y por largo rato buscando una causa importante y rimbombante que pudiera dejar expuesto con contundencia los beneficios del cambio de que las investigaciones pasen a correr por cuenta de los fiscales. Y para eso la causa debía tocar a algún sector del poder. 

En Arca (ex Afip) todavía recuerdan que operadores judiciales estuvieron reunidos con altos funcionarios del área jurídica del fisco a los que le pedían expedientes que pudieran hacer el ruido buscado, pero nada que les acercaron los convenció. Incluso, los operadores no se fueron muy contentos por la predisposición de los abogados del fisco a aportarles expedientes.

Fue en en ese momento el que se cruzaría otra vertiente: la de una dura interna entre jueces de la Corte Suprema de la Nación que terminaría  aportando en bandeja el caso buscado: las sospechas sobre el accionar  del Bailaque, supuestamente  referenciado a la línea del juez supremo Ricardo Lorenzetti, y presuntamente enfrentado con su par del máximo tribunal Horacio Rosatti.  

No pasó mucho tiempo para que se haga trascender en la opinión pública que agudos fiscales federales (Juan Argibay Molina, de Procuración de Lavado de Activos; Matías Felipe Scilabra de la Procunar; y Federico Reinares Solari) estaban detrás del juez. Incluso, se publicaron notas en la prensa porteña que nacionalizaron y politizaron el caso Bailaque. 

En concreto, aparecieron tres casos que lo involucrarían. Una de ellas, que fue trata en esta columna dominguera, era una denuncia de un importante financista de la ciudad, Claudio Iglesias (ex presidente del Mercado Argentino de Valores), quien aseguró haber sido víctima de una supuesta extorsión para desactivar una llamativa causa en su contra por delitos tributarios que le inició el juez federal a raíz de un anónimo en su contra que recibió la Afip y que llegó a su manos enviada por el por entonces titular de la delegación Rosario, Carlos Vaudagna. 

Una causa que se cerró tan misteriosamente como se abrió y que, según Iglesias, eso ocurrió tras el pago de una coima supuestamente sugerida y canalizada por los financistas Whpei.

Ese tema ya de por sí es escandaloso porque Iglesias está convencido de que el anónimo, el allanamiento judicial, las inspecciones de Afip y las filtraciones a la prensa se activaron con el claro propósito de bajarlo de su postulación a la presidencia de la aseguradora San Cristóbal. Y es ahí cuando todos miran a un directivo que por su trayectoria política tenía sólidos os judiciales. Ahora: de ser así, vaya forma de resolver las internas en ese holding financiero.

Pero volvamos al carril central. El tema es que investigando al juez irrumpió ante los fiscales la figura de Carlos Vaudagna, quien fuera ex titular de la Afip delegación Rosario y delegación Santa Fe, un salto que no es común que muestra las particularidades del personaje. 

Vaudanga es transversal a las facciones políticas (tuvo altos cargos con el kirchnerismo y con el macrismo) pero quienes lo frecuentan destacan que es un hombre apasionado por recorrer, pertenecer y mantener relaciones con los círculos de poder empresario y político santafesinos, al igual que Bailaque, y con quién -con el tiempo- terminaron armando una relación que trascendió lo laboral compartiendo reuniones sociales y visitas casuales (no oficiales) en sus respectivos despachos.

Hace un mes, y sintiéndose acorralado por las investigaciones de los fiscales  que lo apuntaban como engranaje clave del circuito extorsivo, Vaudagna confesó (y hasta abrió su celular) a cambio de un arreglo judicial y, según trascendió del expediente, sus declaraciones habrían complicado al juez federal de Rosario. 

El tema es que Vaudagna puede haber dicho de todo, pero a esas confesiones hay que confirmarlas o al menos conseguir serios indicios que le den validez para poder presentarlas en un expediente o en un juicio.

Y más allá de que algunas cuestiones se puedan cotejar con otras declaraciones recogidas en la causa y que también tienen la información que pueda aportar el celular, los fiscales deben conseguir documentación que sustente las confesiones del ex titular de la Afip (hoy Arca), con toda la complejidad que eso supone.

Y es en busca de esa información es que se realizaron los allanamientos de hace quince días a los Whpei.  

A más de uno de los que siguen la causa les llamó la atención el operativo porque se descontaba que con el celular de Vaudagna alcanzaba y sobraba la información conseguida, pero parece que no. Ocurre que no toda la data jugosa del celu aplica para el caso.

Es más, se comenta, que hay mucho más para ver de sus relaciones con empresarios y políticos afincados en la capital provincial.

Igual, hace varias semanas que se sabe que los Whpei estaban siendo investigados así que haber realizado recién ahora los allanamientos les dio todo el tiempo del mundo para borrar toda información comprometedora, en caso de haberla tenido. A decir del gran René Lavand…

Igual, allegados  a los financistas, cuentan que por primera vez los ven preocupados.

Si bien vienen de recorrer tribunales federales en Buenos Aires por otras causas por estafa cuyos impactos siempre minimizaron, y no muestran problemas de liquidez en sus gastos y consumos diarios (de ellos y de su entorno), quienes los frecuentan dicen que esta vez iten estar preocupados. 

Es que perciben que la causa contra Bailaque viene en serio y cada vez se les hace más difícil no quedar amarrados a su suerte. Y sobre todo porque ya hay gente que no los atiende, como uno de sus históricos abogados, Sergio Cha, que no quiere tener nada más que ver con ellos desde que tiene un cargo en el Inaes. 

También hay funcionarios que prefieren que ahora nos los llamen, como los que tienen cargos en las secretarías provinciales del Deporte y Comercio o en la secretaría general de la Municipalidad, a quienes Whpei siempre se jactó de haber financiado sus incursiones por la política.

También, al menos según cuentan sus allegados, parece que esta vez si están en retirada en algunos de sus actividades, una salida que siempre profesaban pero que terminaba en un acting ya que quienes les tomaban la posta era gente de su entorno. Habrá que ver.

Pero además del allanamiento a los Whpei hubo otro allanamiento en Rafaela que surge como clave: el que se hizo a las oficinas y al domicilio particular del abogado tributarista rafaelino Guillermo Zenklusen.

En efecto, que haya sido el último día hábil previo a las elecciones en Santa Fe, que haya habido una audiencia importante sobre el caso Vicentín (al que nos referiremos luego) y, como corolario, que hayan ocurrido los anuncios económicos del gobierno nacional sacaron de foco de la prensa este allanamiento. Pero su importancia puede ser decisiva para la marcha de las investigaciones. Sobre todo porque, a diferencia de los Whpei, no estaba tan cantado.

Como Bailaque y Vaudagna, Zenklusen -duro litigante contra la Afip, y cultor de perfil social bajo- tiene tránsito permanente en los ámbitos del poder (incluso con oficinas propias en Buenos Aires) y siempre se lo sindicó como un profesional vinculado con Lorenzetti, también oriundo de  Rafaela y con quien llegaron a compartieron clientes pero no despachos. 

Además, se comprobó (vía pesquisas telefónicas judiciales) que tiene un trato regular con Vaudagna. Y entre su selecta clientela, asesoró en varias oportunidades  a los Whpei en temas impositivos.

¿Y por qué aparece complicado en esta investigación? Es que Iglesias -además de asegurar que Fernando Whpei fue el intermediario que le propuso que pagara para frenar la causa penal en su contra ofreciendo su llegada a Bailaque como puente- también contó que le sugirieron que Zenklusen sea su abogado reemplazando a Jorge Ilharrescondo y Oscar Romera para que no se complique la situación. 

Ocurre que ambos le habían entrado duro a los procedimientos y a la forma que lo imputaron a Iglesias. Y si bien la presunta víctima de la estafa confesó haber pagado la coima, mantuvo a sus abogados. 

Eso sí, para sumar más confusión a todo esto, recientemente se reactivó -con otro juez- la causa/carpetazo por irregularidades tributarias contra Iglesias, y -según averiguó Rosario3- el financista quedó procesado.  

Y ya que abrimos esa ventana, abramos otra: ¿Cómo podría Vaudagna ejecutar sus presiones “non santas” a contribuyentes sin la complicidad de las líneas intermedias de la Afip">