El gobierno provincial no autorizará la construcción del desarrollo urbano de Damfield en la zona de la represa del Ludueña (Funes), una decisión política de alto impacto para todo el negocio inmobiliario de los loteos y cuyas repercusiones pueden escalar jurídicamente.  

La decisión, que se comunicará en el transcurso de las próximas semanas, ya está tomada en lo más alto de la Casa Gris tras recibir un informe pormenorizado del Ministerio de Obras Públicas tras una exhaustiva investigación de su Secretaría de Recursos Hídricos.

“Los desarrolladores de Damfield tendrán que concentrarse en cómo devolver los fondos a los inversores porque no se los autorizará a construir”, dijo una muy alta fuente del gobierno a este cronista.

Y ante el señalamiento de que semejante decisión puede provocar una respuesta judicial de los empresarios (y hasta de los inversores) porque hay documentos ya aprobados por el Estado al emprendimiento, la respuesta oficial fue contundente: “el argumento nuestro es inapelable porque descubrimos muchas irregularidades en el proceso de conseguir las autorizaciones que habían logrado”. 

---------

Arrancamos picante este “run run”.  Es que en Damfield los inversores se cuentan de a centenas, muchos de ellos con s a resortes del poder político y económico,  y el loteo tiene una comercialización muy avanzada. Con lo cual, la cancelación será un duro impacto.

Ahora bien: ¿En qué se basará el gobierno para prohibir el desarrollo? Resulta que a principios de julio, el gobierno por un decreto firmado por el gobernador y todos sus ministros (una rareza que marca la contundencia del mensaje político) clausuró ese loteo frente al Kentucky porque estaba en obras sin tener todas las debidas autorizaciones para construir.

Obras clausuradas en la zona de la represa del Ludueña

Tal como se publicó en esta columna por aquella fecha, Damfield, tras haber obtenido el cambio de uso de suelo habilitado por el intendente Roly Santacroce, inició las gestiones en la Provincia.

Fue así que durante la gestión de Omar Perotti logró el primer certificado de Recursos Hídricos y tal vez el más determinante: el que señala que esa zona no es inundable y no presenta riesgo. Luego presentó su plan de drenaje urbano, que sigue en trámite desde tiempos de Perotti y por eso todavía no tiene aprobado ese segundo certificado de Hídrica . 

En paralelo, el grupo inmobiliario inició durante la istración de Perotti los pedidos de factibilidad correspondientes en el Ministerio de Medio Ambiente logrando avances parciales, pero ya en el actual gobierno de Maximiliano Pullaro se los rechazaron con el argumento de que para iniciar trámites en esa cartera primero debía tener aprobados los dos certificados de hídrica.

Precisamente, tener el primer certificado aprobado (como se dijo el más importante) fortalecía la posición de Damfield. Es que, más allá de la clausura momentánea de las obras y la correspondiente multa por iniciarlas sin autorización, en definitiva, se trataba de esperar las observaciones oficiales al plan de drenaje urbano, hacer las rectificaciones correspondientes para que se lo aprueben, pasar luego a Medio Ambiente y, cumplido los requerimientos, volver a la cancha.

Pero el Ministerio de Obras Públicas, según le anticiparon a Rosario3, va a desconocer la aprobación de ese primer certificado y se dispone  a dictar su anulación. 

Además de las razones técnicas que puede esgrimir la Provincia sobre el impacto ambiental de construir en una zona vinculada al área de reserva de la represa (llamada Gualberto Venesia), el principal argumento para anular la aprobación del certificado uno es que, aseguran, fue otorgado de manera irregular. 

Si bien el gobierno prefiere guardarse, por ahora, los detalles, informaron que fue aprobado sólo con la firma de funcionarios políticos sin aval de los equipos técnicos de la secretaría de Recursos Hídricos o, incluso, sin informes técnicos de terceros organismos que avalen que construir en esa zona no tiene riesgos para el área, la represa y para aguas abajo.

-----------------

Esa irregularidad saltó de una detallada investigación interna que viene realizando el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich. 

Una suerte de auditoría sobre el caso que además arrojó un dato bastante polémico. Y es que unas semanas antes de entregar el gobierno, la gestión de Perotti tenía incluso redactada la aprobación del segundo certificado del organismo, papel que quedó bien escondido entre la documentación de la secretaría. ¿Qué pasó ahí?

Como nota al pie, la situación interna en Hídricas está muy tensa. A pedido del secretario, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, inició investigaciones (por ahora) istrativas sobre funcionarios de la burocracia por polémicas decisiones tomadas en delicados temas vinculados a la canalización de campos.

------------------------------

Y si quieren otra nota al pie, hay un tema para explorar sobre lo actuado por la Provincia. Y es que si bien el gobierno de Pullaro se mostró como duro ante el loteo Damfield, ya que todas las autorizaciones que obtuvo lo hizo bajo la gestión de Perotti, saltó que en esta istración sí obtuvo una aprobación, y para nada menor.

En efecto, el 24/04 la sub dirección de Suelos que depende de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Desarrollo le firmó a Damfield el permiso para extracción de suelos. 

¿Este gobierno le autorizó algo del movimientos de suelos a Damfield, que luego le clausuró?

¿Qué pasó? ¿Error o avivada de la burocracia? ¿Cuál es el argumento del secretario de Agricultura, Ignacio Mántaras, que responde por la sub-dirección de Suelos?

De fondo sobrevuela un tema. Es que esta gestión (sobre todo el Ministerio de Desarrollo) pregona (y se puso como objetivo) no dormir los expedientes que presentan los empresarios y tenerlos aprobados o rechazados en 60/90 días. ¿Puede la burocracia provincial actuar rápido y de manera correcta? ¿O el querer responder rápido conlleva el riesgo de no dimensionar el valor de algunas firmas?

Además, el tema de que las aprobaciones por loteos deben pasar por varias oficinas de tres ministerios (con todo lo que eso supone en demoras y costos extra) es lo que argumenta la idea que viene viboreando en el gobierno provincial de armar una suerte de ventanilla única que centralice todo el tramiterío, del que algo se habla pero que todavía no se avanzó mucho.

El tema es que para tener una “ventanilla única” primero hay que tener bien digitalizado todos los procesos y las documentación, y eso es una tarea pendiente en la istración pública, sobre todo en el Ministerio de Medio Ambiente.

----------------

La decisión de no aprobar a Damfield caerá como una bomba. Y no sólo entre los inversores que ya compraron terrenos allí.

Hasta ahora, entre los inversores el malestar se concentra sobre el gobierno provincial, a quien, no sin malicia y fiel a su cosmovisión política, le reprochan a Pullaro una conducta “a lo Bonfatti” y “no a lo Lifschitz”, haciendo referencia a la falta de feeling con la inversión privada que profetizó siempre el sector “más osco” del socialismo, según la lectura mayoritaria del empresariado rosarino.  

Habrá que ver si con esta novedad que publicamos los desarrolladores pueden seguir conteniendo (no sin mucho trabajo de conversación) con éxito a sus inversores, sobre todo si tienen que diseñar un plan de devolución de fondos.

Cuando se oficialice la cancelación, ¿Damfield irá a la Justicia contra la Provincia? ¿O preferirán barajar y dar de nuevo iniciando otra vez los trámites desde cero en Hídrica confiados en que tienen estudios realizados por reconocidos profesionales que avalan que la urbanización no representa riesgos para la represa">