Las imágenes asociadas con la transición de la última dictadura cívico militar a la democracia giran en torno al triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones y el regreso de la gente a la calle, en una virtual caída repentina de un régimen autoritario. Pero aquel año 1983 fue mucho más complejo y contradictorio, una melaza que une crímenes de lesa humanidad –que tuvieron a Rosario como sede– con los nietos recuperados de Abuelas de Plaza de Mayo o los cuestionamientos públicos a los militares durante la campaña.
La historiadora Gabriela Aguila señala que el denominado Proceso de Reorganización Nacional “tuvo distintas fases y es una etapa histórica difícil de analizar si se la mira como algo homogéneo”.
“No es lo mismo el momento del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas logran concitar un caudal de apoyos sociales y políticos muy alto que lo que sucede en el tramo final de la dictadura”, dice Aguila a Rosario3 y explica que el inicio de la transición puede ubicarse en distintas fechas.
Las “más obvias” son las elecciones del 30 octubre de 1983 o el traspaso del mando a un presidente civil en diciembre. “Pero las interpretaciones que son en general las dominantes hacen foco en el impacto que tuvo la derrota en la guerra de Malvinas contra Gran Bretaña en 1982, cuando se iniciaría el derrumbe o el colapso del régimen militar”, repasa.
“Sin embargo –agrega la doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) e investigadora del Conicet–, para 1981 la dictadura estaba mostrando síntomas de resquebrajamiento del poder. Autores afirman que el inicio de la última fase hay que ubicarla alrededor de 1979-1980. No hay consenso sobre el punto de inicio. Lo que sí es cierto es que el final de la dictadura, o sea a fines de 1983, fue precedido por un periodo relativamente extenso de crisis política-institucional, de deslegitimación que se volvió terminal después de Malvinas. Ese es un punto de no retorno".
La idea de un ocaso abrupto, aclara la autora de "Historia de la última dictadura militar", tiene que ser “relativizada porque el poder venía siendo socavado desde antes por las tensiones, por las fracturas internas del bloque golpista, por el fracaso del proyecto autoritario, la crisis económica, la creciente movilización social y las demandas democráticas de casi todo el espectro político partidario, por lo menos desde 1981”.
La prueba de que esa retirada fue lenta está en que “los militares se mantienen en el gobierno casi un año y medio más y tienen todavía margen de maniobra para definir o para incidir en los tiempos, las modalidades, de su salida del poder”.
Secuestrar, matar, mentir
El 14 de mayo de 1983, un grupo de tareas secuestró a los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi en el bar Magnum de Rosario, en Córdoba al 2700.
Los torturaron y asesinaron. Sus compañeros denunciaron la desaparición y tres días después sus cuerpos fueron hallados en Zárate, provincia de Buenos Aires.
La versión oficial afirmó que existió un enfrentamiento armado entre los “subversivos”, así los presentaron los partes de la Policía y el Ejército, y una guardia policial.
No fue ese un procedimiento inédito. Desde el golpe de 1976, el gobierno de facto detuvo a personas de forma ilegal, las trasladó a Centros Clandestinos de Detención (CCD) y las interrogó bajo tortura.
El destino se resolvía de forma posterior: se los blanqueaba como presos políticos, se los mataba y hacían aparecer los cadáveres con el relato de falsos enfrentamientos o bien los desaparecían.
En este caso emblemático, Inteligencia del Ejército realizó la detención en Rosario y después entregó a las víctimas a la Policía bonaerense.
Cambiaso y Pereyra Rossi eran dirigentes de la Juventud Peronista y Montoneros que habían estado en el exilio. Fueron, junto a Raúl Yager días antes en Córdoba, los últimos crímenes del proceso militar. La propaganda oficial le adjudicó a éste último un supuesto plan para asesinar dirigentes y sindicalistas, como el influyente Lorenzo Miguel, secretario general de las 62 organizaciones.
“El Viejo” Cambiaso y “Carlón” Pereyra Rossi formaban parte del nuevo grupo Intransigencia y Movilización Peronista (IMP), un intento de Montoneros de ingresar a la vida política que se abría con los comicios.
El dirigente Vicente Leónidas Saadi era la cara visible del grupo, director además del diario “La Voz”. Ese medio fue el primero en revelar la trama de fondo de los crímenes. La tapa del domingo 19 de junio, cuando quedaron demorados tres policías acusados, salió al cruce de la versión oficial y denunció: “Los fusilaron”.
El caso evidencia que el terror ya no era una muralla de silencio homogéneo. Las autopsias e informes médicos desnudaron la farsa. Los cuerpos tenían golpes y signos de haber sido torturados. Los disparos del supuesto “enfrentamiento” se habían efectuado a menos de 50 centímetros.
Osvaldo Cambiaso, ingeniero químico de 42 años, fue despedido en un entierro masivo realizado en Rosario.
“Estaba clarito que la intención de los aparatos de inteligencia era llevarse a los que más pudieran antes de que se abriera la etapa preelectoral propiamente dicha", dijo Hugo Basso, amigo de las víctimas, en una extensa entrevista con Télam. Si bien recordó que había “cámaras de televisión de todo el país filmando" el velorio, esos videos no aparecieron.
“No sé qué pasó con eso, no vi nada más porque al salir del cementerio ya me seguían y estuve un tiempo escapando de la patota”, agregó a Rosario3. Quedan sí, las fotos de la cobertura del diario La Capital.
Meses antes de regresar al país del exilio para participar del armado político del peronismo de cara a las elecciones, Pereyra Rossi dio una entrevista en donde habla de la militancia y su generación.
¿Qué buscaba la dictadura con esos golpes? ¿Querían evitar que la izquierda peronista actuara en las internas del PJ de ese año? ¿O es que las patotas nunca dejaron de estar activas">