Después de algún tiempo alejado de la prensa, entre otras cosas, porque estuvo enfermo de covid –y todavía sufre las secuelas–, el ministro Marcelo Sain habló a los medios sobre la investigación sobre juego clandestino, la olla que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery destaparon y salpicó a dirigentes políticos y funcionarios judiciales. Los nombres que ya se conocieron –el senador sanlorencino Armando Traferri, y los ex fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal– serían “la punta del iceberg”: Sain anticipó más “detalles escabrosos” sobre la trama de complicidades políticas, judiciales y policiales en el crimen organizado; y prometió ir a fondo.
En o con la prensa este lunes por la mañana, tras la presentación de 17 nuevos móviles para la policía rosarina, el ministro habló sobre la causa de juego clandestino que alcanzó a uno de los propios: el senador Armando Traferri.
Para refutar a quienes lo acusan de haber armado causas, el ministro recordó que la investigación se inició a raíz de un homicidio –el crimen en el casino City Center– y que a partir de allí se comenzó a desnudar un complejo entramado criminal con complicidades en todos los ámbitos del poder.
“No nos quedamos con la chiquita, con la más fácil, con los morochitos”, observó el ministro y señaló que el "el sistema penal esta preparado para meter presos a negritos de barrios periféricos". "Dimos un paso más", destacó y señaló de este modo que la investigación no se detuvo en saber quién disparó, sino que avanza sobre el complejo entramado de complicidades. Y anticipó “detalles escabrosos”.
En tal sentido, criticó otra vez que no se haya avanzado en el desafuero del senador y habló de un “peronismo vandorista”. "Desafuero no es condena, es (decir) investiguen tranquilos", advirtió.
Destacó el coraje de Schiappa Pietra y Edery ante la “amenazas tangibles” sufridas y aclaró que las reuniones que mantuvo con ellos fue para brindarles seguridad y asesoramiento. Recordó en tal sentido, su formación y trayectoria en la materia.
Sain incluso se refirió a la movida política de noviembre pasado en la Legislatura, cuando se sancionaron dos normativas que lo pusieron en una posición difícil: una buscaba sacarlo de la propia cartera de Seguridad con el argumento de su licencia en el Ministerio Público de la Acusación; y la otra controlar los llamados “gastos reservados” de las investigaciones.
Insistió en que fueron normativas para “amedrentarlo” y para que ciertos sectores mantuvieran el control político, pero reafirmó su compromiso. “Acepté el desafío personal de estar aquí, si tengo que volver a la universidad (por su profesión docente), lo haré con mucho gusto, pero ahora iremos a fondo”, prometió.