Recién este lunes, 17 días después del allanamiento en las oficinas del Ministerio de Seguridad en la sede de Gobernación en Rosario, los abogados de los ex funcionarios acusados de espionaje pudieron presenciar la apertura de las bolsas y cajas con el material incautado el viernes 26 de noviembre. Según los acusadores, allí estaban las pruebas de las tareas ilegales. “No encontraron ni una carpeta. La causa de espionaje se va a caer porque está armada”, afirmó Nadia Schujman, ex titular de la Agencia de Control Policial.

Schujman, que además es ex secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, abogada de Hijos y reconocida querellante en delitos de lesa humanidad en las últimas dos décadas, dijo a Rosario3 que empieza a quedar claro que los fiscales “salieron a la pesca en una causa inventada y plagada de irregularidades”.

Los próximos pasos, según los plazos legales que corren, obligarían a los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez a imputar o no a los ex funcionarios bajo sospecha. Pero antes de eso, que tendría que ocurrir la semana próxima como mucho, Schujman detalló, uno por uno, los vicios en el origen del caso.

Siete faltas del allanamiento que no fue

 

El viernes 26 de noviembre era el último día de trabajo de la entonces directora de la Agencia de Control Policial y de otros funcionarios del equipo del ex ministro Marcelo Sain, que ya habían presentado sus renuncias. Había un clima de despedida en el viejo edificio de la ex Jefatura policial de calle Santa Fe hasta que empezaron a escuchar gritos.
 
“Gritaban mi nombre y preguntaban a dónde estaba yo, Pablo Álvarez (subsecretario de Investigación Criminal), Germán Montenegro (secretario de Seguridad Pública, virtual vice ministro). Había visto allanamientos pero ser la persona allanada es otra cosa, es difícil acomodarse a lo que pasa. Alcancé a reaccionar y pedir que me exhibieran la orden de allanamiento a los policías del Organismo de Investigaciones de Santa Fe y no la tenían”, describió Schujman.

Entonces, la abogada recordó que el fiscal Hernández le dijo que no era un “allanamiento” sino una “requisitoria documental” y que se hacía sin orden porque era en una oficina pública. “Pero una requisitoria es una orden escrita con un detalle de lo que vas a buscar y acá no había nada de eso, fueron a la pesca”, diferenció.

La ex funcionaria se mostró aún sorprendida: “¡Me revisaron la cartera y se llevaron objetos personales! ¡Me secuestraron el teléfono sin una orden!”. Además de la vejación a la intimidad que supone un acto de ese tipo, si el accionar de los fiscales se legitima entonces queda una pregunta latente: ¿De acá en más cualquier fiscal puede secuestrar el celular de un funcionario sin orden por el solo hecho de estar en una oficina pública">