La audiencia judicial por la caja negra policial destinada a la carga de combustible de patrulleros se lleva a cabo este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. En la causa, que motivó la semana pasada la intervención de la Unidad Regional II, serán acusados 13 uniformados y 4 civiles por malversación de fondos. De las 20 personas acusadas de malversación y detenidas en un principio, quedaron 17: son 13 agentes y 4 civiles vinculados a una estación de servicio
Ningún imputado estaba en la sala este martes. Todos participan por videoconferencia para evitar traslados por seguridad. Se estima que la audiencia hoy se extienda hasta las 14 y este miércoles se reanude de 14 a 19.30. Según la información disponible en la Oficina de Gestión Judicial, la audiencia estará a cargo del juez penal de primera instancia Gustavo Pérez Urrechu.
Los acusados
Por determinación del fiscal José Luis Caterina, estas son las imputaciones.
-Gerardo R. (Comisario Supervisor Jefe de Garage de la U.R. II) por los delitos de peculado de caudales públicos en calidad de partícipe primario; cohecho pasivo; defraudación agravada por afectar a una istración pública en carácter de partícipe primario
-Rodrigo D. (Comisario Supervisor como Jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II) por los delitos de Cohecho pasivo y Peculado de caudales públicos en calidad de partícipe primario y cohecho pasivo.
-Fabián F. (Comisario como Jefe de la Sección Caballería y Perros de la UR II) por los delitos de peculado de caudales públicos; cohecho pasivo; Falsedad ideológica.
-Juan Pablo P. ( Comisario, Jefe del Brigada de Orden Urbano) por los delitos de peculado de caudales públicos; falsedad ideológica ; defraudación agravada por afectar a una istración pública en carácter de partícipe primario.
-Mario B. (Inspector, Subjefe de la Sección Caballería y Perros) por los delitos de peculado de caudales públicos y Falsedad ideológica y cohecho pasivo; defraudación agravada por afectar a una istración pública en carácter de partícipe primario
-Juan Alberto V. (Inspector responsable del combustible para Brigada Motorizada de la UR II) por los delitos de Peculado de caudales públicos; falsedad ideológica; Cohecho pasivo ; Defraudación agravada por afectar a una istración pública en carácter de partícipe primario.
-Nancy P. (inspectora Jefa de Sección Ficheros al interior de División Personal) por los delitos de peculado de caudales públicos en carácter de partícipe primaria; Defraudación agravada por afectar a una istración pública en carácter de partícipe primaria
-Franco C. (Inspector encargado del combustible de la Policía de Investigaciones. P.D.I.) por los delitos de Peculado de caudales públicos en calidad de coautor; cohecho pasivo; defraudación agravada por afectar a una istración pública en carácter de partícipe primario
-Javier A. (Subinspector miembro del Cuerpo Guardia Infantería. C.G.I.) por los delitos de cohecho pasivo, peculado de caudales públicos en calidad de coautor, defraudación agravada por afectar a una istración pública en carácter de partícipe primario y falsedad ideológica
-Jorge D (Subinspector encargado del combustible de División Logística) por los delitos de cohecho pasivo; peculado de caudales públicos en calidad de coautor; defraudación agravada por afectar a una istración pública en carácter de partícipe primario y falsedad ideológica.
-Fernando C. (Subinspector del Grupo Táctico Multipropósito. G.T.M.) por los delitos de cohecho pasivo; Peculado de caudales públicos en calidad de coautor, Defraudación agravada por afectar a una istración pública en carácter de partícipe primario
-Gustavo B. (Subinspector numerario de Garage Oficial) por los delitos de cohecho pasivo, peculado de caudales públicos en calidad de coautor , defraudación agravada por afectar a una istración pública en carácter de partícipe primario.
-Sergio L. (subinspector encargado del combustible para el Comando Radioeléctrico de Rosario) por los delitos de Cohecho pasivo; peculado de caudales públicos en calidad de coautor ; defraudación agravada por afectar a una istración pública en carácter de partícipe primario.
-Monica B. (civil) por los delitos de Peculado de bienes en calidad de partícipe primaria; defraudación agravada por afectar a una istración pública; cohecho activo
-Oscar C. (civil) por los delitos de Peculado de bienes en calidad de partícipe primaria; defraudación agravada por afectar a una istración pública; cohecho activo
-Daniel R. (civil) por los delitos de Peculado de bienes en calidad de partícipe primario; defraudación agravada por afectar a una istración pública; cohecho activo
-María Fernanda D.F. (civil) por los delitos de Peculado de bienes en calidad de partícipe secundaria; cohecho activo en carácter de partícipe secundaria.
En la presente audiencia se atribuye la sustracción de caudales pertenecientes al Estado provincial de la Provincia de Santa Fe destinados al pago de combustibles, produciéndose la separación del bien de la esfera de tenencia de la istración, siendo ello en fraude a dicho Estado a través de una doble modalidad defraudatoria.
El pasado viernes, el fiscal dispuso la libertad de dos agentes del Comando Radioeléctrico y una policía de Taller Tarragona, ya que la investigación pudo establecer que no habían tenido participación en maniobras bajo sospecha y se contempló que su excarcelación no representaba un posible entorpecimiento al avance de la causa.
La investigación que derivó en escándalo
La investigación se inició hace diez meses, de acuerdo a los datos brindados en la conferencia de prensa que dieron el lunes de la semana anterior el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, el fiscal regional Matías Merlo y el fiscal Caterina, donde se anunció la intervención de la Unidad Regional II luego de explicar que el legajo comenzó a partir de una denuncia tomada desde la Subsecretaría de Control de la cartera de Justicia y Seguridad provincial.
Caterina habló de una malversación de caudales públicos de “mucha consideración”, estimada en 45 millones de pesos sustraídos al Estado, sobre un total de 380 millones asignados mensualmente al patrullaje. Sobre la naturaleza de la maniobra, indicó que "hay personas a las que se les han secuestrado en su domicilio alrededor de 300 «Visa Flota», que son las tarjetas que tendría que tener cada chofer de móvil".
La investigación, dijo, "gira fundamentalmente en torno a una sobrefacturación de combustible". En ese sentido, agregó que en vez de estar cada chofer con su tarjeta, se articuló "una sobrefacturación en connivencia con una estación de servicios, y el personal encargado de esa tarea reunió, concentró todas las «Visa Flota»".
Por último, el fiscal remarcó que “hay una persona que fue detenida con un posnet de la propia estación de servicio en su domicilio”. Sostuvo que hubo intervenciones telefónicas que revelaron cómo desde la estación de servicio se preparaba dinero en efectivo para entregar a los policías involucrados. También se autorizaron instalaciones de GPS en móviles policiales y otras medidas de inteligencia que permitieron documentar la maniobra.
Intervención de la UR II
Tras destaparse el escándalo, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino por tres meses la Unidad Regional II de la Policía. El interventor es el director general Claudio Romano, recientemente reincorporado tras su retiro, a cargo de una auditoría general “con énfasis en el área de movilidad y en los controles de carga de combustible”.
El ministro Pablo Cococcioni aclaró que no fueron aprehendidos ni el ahora ex jefe de la UR II, Daniel Acosta, ni su segundo, Mariano Govi, si bien fueron separados de sus cargos. “Quedaron desplazados por efecto mismo de esta intervención”, dijo sobre ambos.