Desde hace años el discurso con que los intendentes de Rosario inauguran el período de sesiones ordinarias del Concejo está atravesado por la crisis de seguridad pública que se desató hace más de una década y no encuentra freno. La excepcionalidad que se hizo regla. Tormento, en realidad.

Este año la escalada que los tres estamentos del Estado definieron como de “terrorismo callejero” de las últimas semanas directamente obligó a suspender el acto, originalmente previsto para el jueves 7 de marzo, ante la marcha de taxistas indignados por los asesinatos de dos colegas. Dos semanas después, este jueves, el intendente Pablo Javkin se plantará frente a los ediles y representantes de fuerzas vivas de la ciudad para dar finalmente su discurso, que tendrá el tema de siempre como eje.

El momento es complejo. El estado de ánimo de la población está claramente afectado por la situación. El marco es de miedo y tristeza colectiva. Eso condiciona la vida cotidiana de los rosarinos.

Javkin es un buen orador. Está entrenado en esas lides desde que era un dirigente estudiantil. El año pasado hizo un fuerte llamado a la unidad para dar una lucha que desde la óptica de aquel discurso era del bien contra el mal. Es decir, sin matices. Se está de un lado o del otro.

Este año esa postura sintoniza con las de las otros estamentos de gobierno, con mayor responsabilidad que el municipal en la tarea de dar combate contra el delito organizado: la Nación y la provincia.

Javkin está conforme con el operativo que esas dos jurisdicciones llevan adelante en Rosario, reforzado en los últimos días con la llegada de efectivos de las fuerzas de seguridad federales y el “apoyo logístico” de las Fuerzas Armadas. Ya no pedirá a los gritos que nos cuiden: entiende que, a diferencia de lo que pasaba con las gestiones peronistas de Alberto Fernández y Omar Perotti, la de Javier Milei-Patricia Bullrich y la de Maximiliano Pullaro lo están haciendo.

Sin embargo, pondrá sobre la mesa otra cuestión fundamental que se reactualizó en la discusión pública en los últimos días: políticas de inclusión social que considera fundamentales para mejorar la calidad de vida de un sector de la población donde muchos jóvenes ven su integración a las bandas como única vía de escape a la pobreza y la indigencia.

La propia Patricia Bullrich habló de esto cuando anunció la llegada de refuerzos federales la semana pasada en la sede local de Gobernación. La contradicción es que lo hizo desde un gobierno que no envía comida a los comedores, y desfinancia los programa sociales, los planes de urbanización y la educación pública.

Que la ministra de Seguridad ita que no alcanza solo con la persecución policial del delito, ¿significa que la necesidad de que Rosario dé un paso adelante en materia social, algo para lo que el presupuesto municipal es insuficiente, puede pasar por encima de la motosierra justo cuando el Estado nacional se apresta a despedir a miles de empleados contratados">