Entre enero y mayo, la coparticipación nacional a Santa Fe creció un 1% interanual en términos reales (descontada inflación). El dato es significativo porque esos cinco primeros meses de 2024 fueron los peores en muchos años. Si apenas se crece un uno por ciento en relación a un momento muy malo, es porque las cosas en la economía real no están bien. En mayo, sólo en el impuesto a las Ganancias la caída de la coparticipación fue de 41%.
Esta situación, sumada a sucesivos recortes de fondos y abandono de prestaciones, obras y servicios por parte del gobierno nacional, activó a los gobernadores, que decidieron accionar para defender sus recursos. Hay gobernaciones que no tienen el dinero para pagar aguinaldo y otras que no pueden mantener su modesto ritmo de obra pública.
El frente de provincias se fue cocinando en la necesidad de respuestas que la Casa Rosada descuida y se concretó la semana que pasó con el encuentro en la sede del Consejo Federal de Inversiones. Los mandatarios consensuaron una agenda y solicitaron una audiencia al presidente. Javier Milei aprovechó que viajaba a Roma y le enchufó la reunión al jefe de Gabinete Guillermo Francos. No se trató de un desaire abierto, pero les baja el precio al derivarlos hacia una figura adecuada en términos institucionales, pero inocuo en términos de poder real. La función de Francos hace tiempo quedó reducida a contener y consolar a los descontentos y ser un gestor de buenas intenciones.
Milei no considera la posibilidad de ceder en su plan de ajuste, por más que se lo pidan los 24 mandatarios. La herramienta común es el desfinanciamiento, sin importar si afecta la caja de las provincias, el hospital Garraham, los institutos científicos del Conicet, el sistema de prestaciones en el área de discapacidad, los jubilados, las universidades, las rutas o las provincias.
El ajuste de Milei es ideológico por encima de todo. Eso quiere decir que el día que los números estén equilibrados va a seguir ajustando. Primero porque no cree que el Estado deba ocuparse de atender a los niños con cáncer a los discapacitados y segundo porque el modelo cierra sólo con ajuste permanente. Un ajuste que se planifica y ejecuta en una dimensión paralela a la de los seres humanos, sus necesidades y sus vulnerabilidades.
El encuentro de las provincias no es una rebelión contra el ajuste del poder central ni nada que se le parezca, pero sí intenta inaugurar una dinámica de trabajo en conjunto para negociar con el gobierno central lo referido a recursos, desde el régimen tributario hasta el presupuesto del año próximo (cabe recordar que hace dos años que el país no tiene presupuesto).
Esta semana dieron el primer paso. El desafío en adelante será sostener ese frente, porque hacer causa común de provincias nunca fue sencillo, ya sea por diferencias geográficas, de escala o políticas. Y hay otro factor determinante: siempre quien está en el gobierno central tiene una amplia variedad de látigos para tomar represalias y dividir.
Además se avecina un proceso electoral en el que algunos de los gobernadores que esta semana se sentaron en el CFI negocian alianzas electorales con La Libertad Avanza en sus provincias. ¿Serán parte del oficialismo y al mismo tiempo reclamarán?
De lo general a lo bilateral
Los gobernadores le pedirán a Franco –la Región Centro estará representada por el entrerriano Frigerio– un nuevo Pacto Fiscal que coparticipe los impuestos nacionales que hoy no se reparten o en su defecto que distribuya entre las provincias los fondos especiales financiados por esos gravámenes, que tienen afectación especifica pero que el gobierno la ignora y los usa para hacer caja. El caso más evidente es el impuesto a los combustibles, actualizado por el gobierno al punto de que su recaudación fue la que más creció en términos porcentuales, sin que un centavo llegue a las provincias.
Por estar comprendido entre los gravámenes de afectación específica (lo que ingresa va a Ansés, Fonavi, obras hídricas y obras viales), la recaudación no es coparticipable. Nación se los queda, pero tampoco lo aplica a los fines que mandan las leyes y convenios anteriores. Esa es la razón por la que las provincias reclaman que los coparticipe o los reparta. Lo mismo ocurre con el fondo que financia los ATN, cuya distribución se redujo en un 98% desde que asumió Milei.
En paralelo, cada provincia tiene sus propios asuntos bilaterales con la Casa Rosada. Los fondos previsionales son un conflicto clásico que viene de larga data y ante la demora de Nación en reconocer las deudas (que viene del gobierno anterior) e incluso cancelar los adelantos mensuales a cuenta (decisión de Milei) la mayoría judicializó el reclamo.
Santa Fe recibió con expectativa la citación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el miércoles 25 a las 11 de la mañana. Es el primer movimiento importante en la causa desde que hace 20 meses el exgobernador Perotti hiciera la primera presentación.
La “petit” Corte Suprema de tres jueces escuchará a los representantes de Nación y de Santa Fe. Será cinco días después del acto por el Día de la Bandera, donde se espera que el presidente visite Rosario.
Según fuentes oficiales, hasta el momento Nación no entregó propuesta de reconocimiento de deuda previsional ni para reanudar pagos parciales. “No sé qué pasará el 25. Lo único claro es que Maxi (por Pullaro) no se va a arrodillar por 5.000 millones al mes como firmó Córdoba a cambio de desistir del juicio. Santa Fe no tiene deudas con Nación, tenemos las cuentas ordenadas y la demanda es por más de 700.000 millones y para que se restituya el flujo mensual de adelantos que Milei discontinuó”, aclaró un miembro del gabinete provincial.
El pronóstico no parece alentador. “Si igual me van a hacer juicio, que hagan juicio por todo, por la deuda histórica y por los pagos a cuenta”, debe haber razonado el presidente libertario en marzo pasado cuando por decreto ordenó interrumpir el pago de adelantos. Mientras tanto él hace caja con la plata de las provincias.
Esta semana se sumó un cortocircuito de baja intensidad entre Nación y provincia en la muestra Agroactiva, en Armstrong. Francos, el enviado por la Casa Rosada, se fue algo contrariado. Si bien debe haber presupuesto que tanto el santafesino como la vicegobernadora de Córdoba usarían esa tribuna ruralista para exigir la baja de las retenciones agropecuarias, no se esperaba que el anfitrión hiciera una defensa abierta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y de la industria perjudicada por la apertura de importación de maquinaria agrícola.
El ida y vuelta permanente entre la mayoría de los mandatarios provinciales y el gobierno central también se verificó en el Congreso con las leyes de actualización de jubilaciones y discapacidad.
La oposición esta vez logró quorum y la media sanción de ambas. También de la moratoria previsional, aunque en este caso por la abstención de diputados del PRO y de otras fuerzas. Tanto en jubilaciones como discapacidad, gobernadores que en otras oportunidades ayudaron a bloquear leyes que el gobierno no quería, en este caso no se cruzaron en el camino.
En el caso de Santa Fe, por ejemplo, la diputada Melina Giorgi, la más cercana al gobernador Pullaro, votó a favor en jubilaciones y discapacidad, al igual que los diputados del socialismo y el peronismo, a lo que se sumaron las abstenciones de los legisladores del PRO más cercanos a Mauricio Macri, entre ellas la santafesina Germana Figueroa Casas.
Es tan bruto el ajuste en áreas sensibles –bruto por su impacto, pero también por la calidad de los argumentos con el que se lo intenta justificar– que los gobernadores, por más que no les gusta que los legislativos voten leyes que condicionan la caja, no van a poner la cara por Milei con los jubilados y el sistema de discapacidad. Menos que menos con las manifestaciones que llevan meses en calles y plazas en las ciudades de sus provincias.
Al final de cuentas esa historia termina igual que todo lo demás: el gobierno nacional desfinancia, ahoga hasta la extinción –un caso crítico es el de los hogares que alojan a personas discapacitadas sin familiares cercanos– y luego, por vía de un decreto que se dice que ya tiene redactado, delega en las provincias la supervivencia del sistema de prestaciones.
Que no haya nada enfrente en términos de representación política con potencia electoral no significa que el gobierno no vaya a encontrar resistencias. Pueden ser reducidas, un tanto aleatorias, pero van a estar en la medida que el gobierno avance sin otro proyecto que desarmar y eliminar instituciones que a pesar de todo son muy valoradas por la sociedad argentina.
Es lo que pasó con el hospital Garraham, donde el gobierno perdió la discusión pública, tuvo que recular y sentarse en una negociación de la que ahora no le es fácil salir. Los intentos por conectar a los entenados por Milei, no sólo en términos de ajuste económico sino también en lo gestual y verbal, todavía son tibios y no logran romper el encapsulamiento. Sin embargo, nada está determinado de antemano en un país de larga tradición de luchas y conquistas sociales, pero también de defensa de las mismas.
Milei fue la salida de emergencia para una mayoría de la sociedad hastiada de enfrentamientos y fracasos de su dirigencia política. Los niveles importantes de apoyo que conserva parecieran asentarse fundamentalmente en el rumbo de baja de inflación y orden macroeconómico. Lo que se irá viendo en la marcha de la gestión es si ese electorado que acompañó al presidente, y que lo apoya, acepta que para mantener ese rumbo sea necesario desguazar el Inta, el sistema científico-tecnológico y las universidades, expulsar materia gris, asfixiar un hospital como el Garraham o librar a su suerte a las familias de personas con discapacidad diciéndoles indirectamente que es un problema privado que tienen que solucionarlo según sus posibilidades. Esos límites están en disputa y el final no está escrito.
