La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe volvió a recibir, de forma directa e indirecta, los coletazos de una preocupación creciente del sector privado: el costo creciente de los juicios laborales vinculados con las ART. En un contexto donde los márgenes económicos se achican, el empresariado volvió a poner el foco sobre el sistema pericial, que incide de manera determinante en las sentencias y en los montos a pagar.

El sistema judicial de Santa Fe vive un proceso de revisión silencioso pero profundo con el recambio en el máximo tribunal, que continuará hasta la renovación casi total de sus integrantes. Las dudas que hay en el círculo rojo sólo son los tiempos de esta transformación.

En este contexto, dentro de la Corte Suprema provincial se analiza reformas clave que involucran desde la incorporación de peritos propios con sueldo fijo, hasta la informatización completa de los procesos. Y lo hace en un contexto complejo, atravesado por una avalancha de juicios laborales, especialmente aquellos vinculados a accidentes y enfermedades laborales cubiertas por las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), que generan preocupación creciente entre empresarios, jueces y funcionarios.

Una de las críticas centrales que recogen los de la Corte es la falta de previsibilidad en los honorarios periciales, que hoy dependen del resultado económico del juicio. La propuesta, que aún se discute, es que se incorporen al menos tres cargos de peritos dentro del Poder Judicial, con sueldo fijo, lo que permitiría evitar las distorsiones en los montos reclamados y fallados.

El problema no es menor: los costos de las ART en Santa Fe están entre los más altos del país. Según datos y estimaciones de consultoras privadas, en provincias como Santa Fe o Buenos Aires, el costo por empleado puede duplicar al de jurisdicciones como Mendoza o Salta. Y no es solo por la siniestralidad: el volumen de juicios y los montos concedidos en fallos son notablemente superiores. De hecho, en los últimos tres años, los juicios laborales en la provincia crecieron más del 45%, muy por encima del promedio nacional.

A eso se suma el desgaste interno. El sistema informático judicial necesita una fuerte renovación: el contrato de mantenimiento con Hidra finalizó recientemente, y aunque SISFE colaboraba con la gestión técnica, la licitación para la continuidad del soporte ya fue adjudicada a una nueva empresa, pero se trata de una plataforma que muchos jueces y empleados consideran no permite una mejora sustancial de la productividad en los procesos internos que permitan reducir la carga laboral y acelerar los tiempos de resolución de casos. 

La renovación apunta no solo a mejorar la experiencia del abogado externo, sino sobre todo a optimizar el trabajo interno. La digitalización interna —hoy deficiente— se plantea como clave para recuperar productividad y eficiencia, aseguraron magistrados de distintos fueros y niveles consultados por Ecos365.

Todo este paquete de cambios —desde el rediseño de los sistemas hasta la inclusión de peritos y la refuncionalización de áreas— será difícil de implementar sin respaldo presupuestario. Por eso, muchos de estos temas comenzaron a ser conversados con la cartera económica provincial de cara a la elaboración del presupuesto 2026.

Y hay más: a la Corte deberá definir en una causa que todos los municipios y comunas siguen con atención. Se trata del expediente "Comuna de Villa Ana c/ Edupa S.A.", en el que la comuna del norte provincial reclama una tasa por servicios comunales a una empresa rafaelina con campos en esa localidad. La sentencia en revisión podría sentar jurisprudencia nacional, y modificar la forma en que se litigan los tributos municipales sobre inmuebles rurales. Si la Corte confirma el fallo que favorece a Edupa, otros productores podrían seguir el mismo camino en diferentes jurisdicciones. 

Seguramente el tema tasas estará dentro del debate de la Convención Constituyente que comenzará a debatir la reforma de la Constitución a partir del próximo 14 de julio. 

En paralelo, la macroeconomía intenta mostrar señales de estabilidad. Según EcoAnalytics + Symfonia, con la emisión del BONTE 2030, el gobierno dio un primer paso para superar el principal obstáculo que enfrenta el programa económico: el a los mercados externos. El acuerdo con el FMI fue pensado con ese objetivo. Sin a mercados externos es imposible cumplir los compromisos sin sacrificar las reservas. Desde la firma del acuerdo las reservas cayeron poco, pero cayeron: USD 250 millones.

Para EconAnalytics, la emisión del BONTE 2030 (un bono en pesos suscripto con dólares de inversores extranjeros) dejó varios mensajes: 

1) el apetito externo por deuda local en pesos es acotado, al menos con este nivel del tipo de cambio; 

2) el mercado anticipa una tasa de devaluación (e inflación) en torno al 20% anual para los próximos años; 

3) el mercado no cree que el tipo de cambio vaya al piso de la banda, pero tampoco anticipa un aumento brusco del tipo de cambio real; 

4) el mercado no espera disrupciones en el programa de estabilización; y 

5) el impacto macroeconómico de la operación de deuda para hacerse de dólares fue equivalente a una intervención cambiaria convencional.

Las reservas, mientras tanto, cayeron USD 250 millones desde que se firmó el acuerdo con el FMI. Y pese a los esfuerzos por “convencer” al ahorrista minorista, el dólar colchón sigue a resguardo: cerca de un millón de personas compraron USD 2.000 millones en abril. César Litvin lo sintetizó con claridad: el régimen “promete confianza pero no inmunidad”. Fue esta semana en el simposio de IAEF, que se realizó en Rosario.

El impacto se siente también en el crédito. Ante la escasez de pesos, varios bancos comenzaron a pagar tasas de más del 5% en dólares para captar depósitos.

La construcción privada también siente la escasez de pesos. Algunos desarrolladores decidieron demorar nuevos lanzamientos hasta después de las elecciones. 

En ese contexto, la Municipalidad de Rosario confirmó que buscará emitir $15.000 millones en bonos para continuar el plan de obras públicas y $29.000 millones en Letras, según lo adelantó el secretario de Hacienda, Guido Boggiano. En la actualidad, Pullaro en la provincia, y Javkin, en el municipio, son prácticamente los únicos Ejecutivos que están apostando fuerte en sostener el ritmo de obras de infraestructura y a un sector -el de la construcción- que está entre los más golpeados.