En México, el 94 por ciento de los delitos no se castigan. Esa cifra monstruosa -que debería helar la sangre de cualquier república- lleva años instalada como paisaje. La impunidad no es una anomalía, es el sistema. Y cuando la Justicia fracasa con semejante brutalidad, lo que estalla no es solo la legalidad, sino el pacto social entero.
Frente a ese abismo, la democracia más grande de habla hispana, este domingo va a intentar lo impensado. O quizá, desesperado. Va a elegir por voto popular a sus jueces, magistrados y ministros. Casi cien millones de ciudadanos están convocados para ponerle nombre y apellido a quienes impartirán Justicia en todos los niveles del Poder Judicial federal. Es una elección inédita, monumental, sin precedentes en ningún sistema republicano contemporáneo.
Y también es un riesgo altísimo.
La lógica es simple. O parece simple. Si la Justicia no funciona, que el pueblo la elija. Que decida quién lo juzga. Que los jueces, como el resto de los poderes del Estado, se ganen la legitimidad en las urnas. Que salgan del mármol, de la élite, del blindaje. Que bajen al barro democrático.
Esa es la premisa que impulsaron el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora su sucesora, Claudia Sheinbaum. Lo presentan como un acto de justicia histórica: quitarle la toga a los jueces intocables y devolvérsela al pueblo. Democratizar al poder más opaco.
Pero una cosa es la intención. Y otra, muy distinta, el mecanismo.
El camino elegido tiene curvas cerradas y señales confusas. Para muchos especialistas, esta elección no es una democratización sino una demolición controlada. Se eliminan los concursos de oposición. Se diluyen los filtros técnicos. Se abre la puerta a una Justicia más popular pero también más vulnerable: al voto, a la política y al crimen organizado.
Este domingo un votante promedio se enfrentará a cientos de nombres. Sin partidos. Sin logos. Sin slogans. En algunas regiones del país, los electores recibirán hasta trece boletas distintas. En otras jurisdicciones, serán más de 200 candidatos por categoría. En total, hay más de 3.000 aspirantes para ocupar 881 cargos federales. A ellos se suman los jueces locales que también serán electos en 19 estados. La escala es tan abrumadora que roza el absurdo. El riesgo: se vota sin saber.
El Instituto Nacional Electoral habilitó un portal web con los perfiles técnicos de cada postulante. Pero el promedio de tiempo necesario para revisarlos con seriedad ronda las quince horas. ¿Cuántas personas van a dedicarle un día entero a leer fichas judiciales antes de votar?
La realidad será que la mayoría llegará al cuarto oscuro sin saber a quién elige. Y cuando el voto se vuelve un acto a ciegas, pierde su capacidad transformadora, volviéndose una herramienta de captura silenciosa. Porque mientras la ciudadanía se confunde o se desentiende, hay actores que sí saben quién es quién. Y son actores que no suelen jugar limpio.
Ya se han denunciado al menos 24 candidatos con vínculos directos con el crimen organizado. Desde exabogados del Cártel de Sinaloa hasta exconvictos por delitos federales. El narco -ese tumor social que creció en un país sin resistencia- no necesita votos masivos. Le alcanza con meter a sus piezas clave en las listas correctas. Y el sistema, tal como está, le dejó la puerta entreabierta.
Pero además de esto, hay otro enorme desafío este domingo: que la gente vaya a votar. Porque si el sistema ya es complejo, el desinterés puede ser letal. Una elección tan ambiciosa, tan amplia y bastante mal comunicada, corre el riesgo de naufragar en el ausentismo.
Lo único seguro es que si los mexicanos no asisten a las urnas, si se rinden antes de empezar, si dejan que el laberinto los paralice, no habrá reforma que aguante. Porque la justicia no se construye sola. Y mucho menos si nadie se presenta a reclamarla.
Las consecuencias del experimento que empieza hoy se medirán con el tiempo.
Si funciona, puede ser el inicio de un modelo más inclusivo, más transparente y más representativo. Que logre de una buena vez, quebrar la lógica de casta que durante años blindó a los jueces. Pero si no, puede que termine en caos institucional, con jueces electos sin preparación, con tribunales paralizados y con decisiones judiciales convertidas en rehenes del humor social.
Aunque quizás, en su complejidad, esta elección revele algo esencial: que la impunidad no se derrota con papeletas, sino con instituciones sólidas, recursos adecuados y voluntad política para hacer lo que toca, no lo que conviene.
