Los directivos imputados por estafas y istración fraudulenta de Vicentín presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para frenar el cram down, la última instancia de rescate para evitar la quiebra del defaulteada agroexportadores.

El escrito fue presentado esta semana con la firma de los abogados Javier Alegria y Guido Ferullo, y busca impugnar la resolución del 13 de mayo de 2024 por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, que había ratificado la apertura del cramdown tras el rechazo de la homologación del acuerdo preventivo por parte de la Corte Suprema provincial por inconstitucional.

Si bien Vicentín siempre se quejó de que los recursos judiciales interpuestos demoraban las soluciones, ahora es la más activa presentadora de escritos que buscan evitar que haya una competencia entre ofertas para rescatar la empresa y pagar los acreedores.

Por un lado, pidió a la Corte Suprema de la Nación que revea la decisión de la Corte de la Suprema de la Provincia, y ahora le pide al máximo tribunal provincial que frene la decisión de la Cámara de Rafaela, que -precisamente- dictaminó así por sugerencia de la Corte santafesina.

El recurso cuestiona que se haya habilitado la apertura del cramdown "sin una base normativa clara" y "sin evaluar adecuadamente la propuesta concursal, que había sido aprobada por el 62% del capital quirografario", cuando fue la propia Corte Suprema la que lo rechazó por inconstitucional.

Luego sostiene que “se ha ingresado en una zona de anomia judicial donde las reglas cambian de acuerdo al tribunal interviniente, afectando de manera directa la previsibilidad que debe regir todo proceso concursal”.

Paz social

En paralelo, esta semana se oficializaron los contratos de fasones que mantendrán abastecidas las plantas de Ricardone y San Lorenzo -paralizadas desde marzo- garantizado así que, al menos hasta noviembre, el trámite judicial transcurrirá en paz social.

En efecto, los interventores designados por el juez de concurso, Fabipan Lorenzini, informaron que los aportes de granos como Cargill, Bunge, ACA, Viterra, LDC, Molinos Agro, Ammagi y Commodities S.A.

También se confirmó que la Unión Agrícola de Avellaneda firmó un contrato adicional para procesar soja en la planta de San Lorenzo, además del de girasol previamente acordado.

Con estos aportes de granos, la empresa pudiera pagar los sueldos de marzo y abril y retomar la actividad productiva.