Urbanistas hacen fuerza para que la reforma de la Constitución de Santa Fe incluya prerrogativas que limiten la influencia de la inversión inmobiliaria privada en el uso y destino de los suelos provinciales.
El mensaje quedó plasmado en la jornada “Ordenamiento Territorial en la Reforma Constitucional” que organizaron este lunes el Colegio de Arquitectos de Santa Fe, el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales (Curdiur) y las facultades de Arquitectura de la UNR, la UNL y de la Universidad Católica de Santa Fe.
Un punto fundamental del encuentro (que tuvo exposiciones de reconocidos urbanistas de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y al que asistieron constituyentes electos como Diego Giuliano, Marcelo Lewandowski, Juan Monteverde y Joaquín Blanco y los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico y Ambiente, Enrique Estévez) fue que se expresó la necesidad de que la Provincia tenga un plan de ordenamiento (con fuerza de ley) que al fijar un horizonte sobre el uso del suelo ermita avanzar en firme con las decisiones de corto plazo, tanto en materia de obra pública como de inversión privada.
Y si bien para avanzar en una ley de ordenamiento territorial es imprescindible reformar una constitución, como quedó demostrado al exponerse el caso de Mendoza, los especialistas estimaron que en el caso santafesino el debate sobre una nueva carta magna pueda servir para superar los escollos que impidieron sancionar en el pasado una ley provincial que establezca pautas generarles por los suelos a desarrollar.
Gestión equilibrada
El título del documento elaborado por las entidades organizadoras manifiesta desde el inicio una postura: “Aportes para una Gestión Equilibrada del Territorio”, y es que ese llamado al equilibrio deja de manifiesto que en la actualidad no los existe, y ahora los urbanistas proponen conseguirlo.
Matilde Martínez, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, propuso aprovechar la reforma para darle rasgo constitucional el derecho al hábitat digno, explicando la interrelación de ese derecho con el resto, como el de salud y educación.
Advirtió también que la cuestión del hábitat digno se trata en la actualidad de manera fragmentada, con cada localidad elaborando sus propios planes urbanos, ambientales y de infraestructura sin interrelacionarse con gobiernos vecinos cuando lo que se necesita “es la construcción conjunta de espacio y territorios”. Y alertó que además de ausencia normativa en materia interjurisdiccional, también faltan equipos profesionales.
A su turno, Javier Feudele (Curdiur) señaló la importancia de que los sectores académicos y profesionales aporten argumentos para que la política tome decisiones, mientras que Rubén Palumbo (Colegio de Arquitectos de Santa Fe) dijo que “ahora que la planificación y el ordenamiento territorial van a estar en la reforma de la Constitución, debemos ofrecer una propuesta concreta sobre estos temas”.
En tanto, Graciela Mantovani, de la facultad de Arquitectura de la UNR, dijo que “es necesario sentar bases constitucionales para que el ordenamiento del territorio sea un instrumento para el desarrollo y brinde un marco en la orientación de las políticas públicas”. La especialista puso como ejemplo lo que ocurre con el suelo peri-urbano, que aporta alimentos frescos, y que en varios países está siendo protegido por políticas públicas y también abrió el juego a discutir el armado de figuras intermedias -como las regiones- para discutir problemáticas que vinculan jurisdicciones, cada vez más tentadas con las autonomías locales.
Los expositores centrales del encuentro fueron los urbanistas Alfredo Garay (Buenos Aires), Marcelo Corti (Córdoba), y Mario Isgro (Méndoza), quienes le dieron respaldo argumental y práctico a la idea del papel del Estado regulando el mercado, en este caso el del suelo. Conscientes de que es un discurso que hoy no conecta con el predominante, los especialistas aportaron su mirada de cómo afrontar ese desafío.
“Viendo el tenor de las ideas políticas predominantes en la actualidad, sería importante que al menos la nueva Constitución no imposibilite que luego haya una ley de ordenamiento territorial específico como tienen otras provincias, pero de la que Santa Fe carece. Si no se pueden poner algunos principios, que al menos no los impida”, dijo Corti.
A su lado, Garay puso también énfasis en ese concepto, resaltando que es clave ese aval constitucional para que las leyes de ordenamiento territorial que luego se dicten no sean frenadas en la Justicia. “Las leyes deben encontrar respaldo en las Constituciones”, dijo, y por eso apostó a que la nueva carta magna le ponga la espalda a la avanzada planificadora.
“El objetivo debe ser que la nueva constitución tenga una simple cláusula que habilite el tema. Se necesita un encuadre general que establezca principios para que las leyes luego operen con respuestas concretas en materia de ordenamiento y planficiación. Por eso la tarea más importante tal vez no esté en la reforma en sí, sino en aprovechar que se habilita a tratar la cuestión. Lo más prudente sería que la Constitución tenga un sentido más habilitante que prescriptivo. No debe decir cómo manejarse”, retomó Corti.
Pese a que la nueva constitución hace fuerza en el concepto de las autonomías municipales, Garay sostiene la importancia de soluciones interjurisdiccionales. “Hoy opera un mecanismo perverso. El municipio de la periferia habilita lo que el municipio grande prohíbe. Una salida es una carta orgánica general para todos los municipios en estas cuestiones de usos de suelos generales, salvo en el caso de las localidades grandes que tienen las propias”, agregó.
Sobre esa cuestión, Isgro amplió sobre la posibilidad de armar un Código Municipal Unificado en materia de construcción. “Hay cuestiones propias que debe definir cada localidad, pero debe haber una técnica unificada en los aspectos generales del uso del suelo, porque sino el capital se va de aquellas comunas que establecen más regulaciones hacia las que es más fácil sacar la documentación”, agregó.
“La palabra ordenamiento asusta, pero no se busca marcar la cancha, que ya está dibujada por el mercado. Se busca ordenar cuestiones que afectan a las propias urbanizaciones privadas”, resaltó. “Hay que entender que los desarrolladores privados también necesitan esa previsión normativa”, resaltó el mendocino.
Sobre ese punto, Isgro hizo una mención a que la falta de planificación genera respuestas individuales, como fue la proliferación de barrios cerrados, que no la discute y las entiende (“mi familia vive en uno”, dijo), que luego provocan problemas en la provisión de infraestructura y servicios y conspiran contra el armado de comunidades y ciudades abiertas.
Nuevo pacto urbano
En ese sentido, Garay dijo que “es necesario que se generen normas con poder y capacidad de incidir sobre las distintas dinámicas del suelo, como la del mercado, que solamente ve al territorio como un bien cambio al que le saca una renta y es la que predomina”.
Para el especialista, “se tiene que generar un acuerdo social para conducir esas dinámicas, que hoy están sustentadas en factores de poder, unificando intereses que empoderen a quien se proponga conducir ese proceso ya que deberá asumir y hacerse cargo de conflictos”.
“Así como el dueño de un animal no puede maltratarlo, tampoco el dueño de un territorio puede maltratarlo. Existe la tutela social y la responsabilidad social porque el territorio es un bien común”, completó.
“El desafió de fondo es lograr un suelo accesible a toda la población, que el suelo sea un bien de uso y no de especulación. Se trata de una reivindicación de la ciudad abierta y los esfuerzos deben centrarse en cómo compatibilizar el desarrollo económico con el desarrollo urbano sostenible o regenerativo”, agregó Corti.
“Se necesita un nuevo pacto urbano. Pasar de recuperación de plusvalía, como ocurre ahora, a un Estado que lidere la producción de la ciudad. Y eso no es una visión anti-capitalista sino que es casi necesario para que el capitalismo funcione”, finalizó el especialista de Córdoba.
